La ética en la educación del siglo XXI

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La permanente contradicción entre las políticas educativas con las que se presiona al sector público para que realice los procesos de inclusión a través de los PIAR -ajustes razonables en el aula-, promoción automática, ofertas del uso de los diferentes aplicativos o programas propuestos para cada uno de los niveles de escolaridad a través del portal del Ministerio de Educación, desconociendo las necesidades de conectividad y recursos informáticos en muchas de las instituciones educativas, tanto rurales como urbanas de nuestro territorio nacional, y las políticas laxas para quienes ofrecen el servicio educativo privado en cuanto a que en este sector no aplica la política inclusiva, la promoción automática y cuanto menos el desmantelamiento de los servicios como el de psicoorientación escolar, hacen que se incrementen de manera exponencial las brechas entre ambos servicios educativos y que, por lo tanto, estas incidan notablemente en el impacto del desempeño de calidad y eficiencia del sistema educativo nacional frente a nuestros pares en el mundo, desconociendo a la hora de evaluar o comparar, pruebas internacionales como la prueba PISA – Prueba para la Evaluación Internacional de Alumnos-. Es por esta métrica entre los abismos de lo privado y público en nuestro servicio educativo, que no ha resultado nada atípico el hecho que, en la segunda ciudad de nuestro país, un grupo de padres de una institución privada se hayan atrevido a solicitar a las directivas la exclusión de un par de hermanas –dos y cuatro años- porque en sus estándares de vida, estas no encajaban.

Precisamente en los tiempos de la emergencia sanitaria mundial, el sector educativo tuvo que realizar el ejercicio de resiliencia y sinergia mediante el uso de la suite de Google y App gratuitos como Zoom y WhatsApp para afrontar la improvisación de las medidas que se producían en el gobierno central, a través de las cuales propusieron el teletrabajo como respuesta en tiempos de confinamiento, omitiendo las falencias y vulnerabilidad de las comunidades educativas en términos de conectividad e incluso de infraestructura en activos informáticos para todos. No así el sector privado, que dispuso de redes y el aprovechamiento de proveedores como Microsoft para el uso de aplicativos como Office 365. Simultáneamente, asistimos como nación a un nuevo capítulo de corrupción. Esta vez, precisamente desde el Ministerio de las Tecnologías de la Información, donde por negligencia administrativa la opción para el uso universal del internet quedaba al garete, siendo ignoradas las pruebas presentadas por las veedurías ciudadanas para la contratación estatal por parte del poder legislativo a través de la absolución –en un nuevo intento fallido de censura a un ministro-.

A partir del ingreso de nuestro país a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), organización internacional cuya misión es diseñar mejores políticas para una vida mejor, cuyo objetivo es promover políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todas las personas, no solo se han puesto en evidencia las grandes brechas existentes en nuestro país -uno de los más desiguales de nuestro continente- sino que incluso han quedado en evidencia nuestras falencias en el campo de la educación y la informática en tiempos de pospandemia. Y justamente en el ámbito del teletrabajo y el uso de las redes, aquella promesa de convertirnos en el Silicon Valey de nuestro continente ha quedado como una ilusión fallida adicional.

Es en estos contextos que llama poderosamente la atención que, a pesar de ser miembros de la OCDE, los indicadores económicos del DANE muestran que para el 2021, 19.6 millones de nuestra población -el 39,3%- fue catalogada como pobre, ya que viven en hogares donde cada miembro cuenta con menos de $354.031 para vivir al mes, mientras que el 18% (921.000) hacen parte de la clase alta del país (según datos suministrados por Laura Lucía Becerra, periodista de la revista Portafolio). Así como también, que al iniciar el actual mandato la deuda externa rondaba el 20% del PIB, pero en diciembre de 2021 alcanzó un incremento del 30% y a marzo de 2022 llega al 44%. Si se le agrega el endeudamiento interno con la emisión de los títulos en pesos (TES), la deuda púbica en Colombia alcanza el 68% (según cifras suministradas por Salomón Kalmanovitz en el diario El Espectador). Se evidencia entonces, que no han existido políticas para una vida mejor en nuestro país ni mucho menos de equidad en cuanto a la educación.

Por lo anterior, me atrevo a expresar que quizás como nunca en la historia educativa de nuestro país se había generado tanta esperanza para mejorar nuestras condiciones de la educación como cuando en el año 1996 la misión ciencia, educación y desarrollo a través del documento de 119 páginas “Colombia: Al filo de la oportunidad” nos trazó un excelente camino a seguir en la perspectiva del reto ciencia, educación y desarrollo: Colombia en el siglo XXI. A propósito, refiero un fragmento de cuanto expresó el comisionado Rodolfo R. Llinás en ese documento: “(…) Se requiere educación en ciencia y tecnología y los más altos niveles de excelencia académica en primaria y secundaria y en educación superior. Es necesario garantizar el 100% de inscripción en la escuela primaria y secundaria y garantizar el acceso a la educación computarizada. El porcentaje del PIB dedicado a la educación debe incrementarse en un 5% en el próximo gobierno. El adecuado funcionamiento del nuevo sistema educativo exige el diseño de mecanismos de evaluación e indicadores de seguimiento que permitan establecer la calidad y condiciones de la educación según normas nacionales e internacionales”.

Infortunadamente, con la sistemática reducción del presupuesto nacional para educación, priorizando el gasto para la guerra, y la miopía de quienes han tenido la responsabilidad -durante estos cinco lustros posteriores a la expedición de las recomendaciones- de aplicar las políticas educativas en nuestro territorio, no se ha priorizado la aplicación de la recomendación del grupo de sabios. En consecuencia, pareciera que estuviésemos destinados a repetir nuestra historia del país “Del olvido que seremos” (novela biográfica del autor colombiano Héctor Abad Faciolince).

Por Carlos Arturo Montoya – Colombia

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